Opinión de Marcos Barraza, director de la Escuela de Psicología Usach:
La sociedad europea, tras las dos guerras mundiales, edificó un presente de prosperidad y bienestar sobre la base de una reconstrucción que se fundó en más Estado e institucionalidad pública. Esta pandemia obliga a nuestro país a caracterizar un Estado democrático orientado al bienestar y los derechos sociales en la nueva Constitución, siendo una medida necesaria la nacionalización de empresas claves para el desarrollo del país. A todas luces un ideario que colisiona con el Gobierno del Presidente Piñera y el enfoque neoliberal de sus políticas, que están al margen de la historia.
La crisis sanitaria originada por la irrupción del Coronavirus se da en el contexto de profundos cambios que experimenta la sociedad chilena, lejos de la aceptación del discurso neoliberal que imperó y fue aceptado por tres décadas tras la dictadura.
La sociedad chilena progresivamente ya no se seduce, ni se asimila de manera pasiva a los llamados sensibleros propios de la dictadura (“Chile ayuda a Chile”) y de la transición (“Unidad Nacional”) sobre la base del consumo desenfrenado y a una cuestionable y mañosa solidaridad del mundo empresarial. Sin ir más lejos, el reproche a las conductas de acaparamiento es revelador sobre el marcado cambio en el ethos de la subjetividad de las chilenas y los chilenos.
Esta pandemia requiere conductas con sentido colectivo, con sentimientos de comunidad y colaboración, desterrando razonamientos individualistas y reprobando el “sálvese quien pueda”. El termómetro en las filas de los supermercados así lo demuestra. De lo anterior, dada la nueva subjetividad del Chile que nace, es evidente la mala evaluación ciudadana pese al rol funcional que juegan los principales medios de comunicación masivos, sobre la gestión de Gobierno y el paso perezoso en las medidas cuando no negligente, frente a esta emergencia.
El Gobierno, con un repertorio conocido, retórica de coaching vacía, de especulación en las decisiones y desresponsabilización, despliega medidas en el marco de las políticas neoliberales, lo que agudiza las condiciones de confrontación con la institucionalidad obsoleta y de búsqueda de justicia social. Las afirmaciones de alcaldes de derecha, como el de la comuna de La Florida, apelando a una racionalidad de lucha de clases entre los súper ricos y la mayoría del pueblo, es ilustrativo de este cuadro de conflicto y del ansioso temor de la derecha, que a muchos de ellos los lleva a reconocer dinámicas de abuso y desigualdad que habitualmente niegan y obvian.
Y es que esta emergencia, dado su carácter sistémico, en el sentido más amplio del funcionamiento, estructuras y articulación de la sociedad e instituciones, pone de manifiesto una crisis sanitaria de repercusiones económica y sociales sin precedentes y de alcances aún indeterminados, puesto que de no mediar cambios sustantivos en los parámetros de distribución de riquezas y poder, puede llevar a agudizar en extremos las desigualdades sociales, que en el caso de Chile ya son obscenas.
Al respecto, esta reflexión identifica dos dimensiones y/o procesos que están cursando y necesarios de analizar desde una perspectiva transformadora del orden vigente, y que lejos de dejar en el olvido el denominado estallido social, muestra plena vigencia y pertinencia:
1-En este contexto de contagio y riesgo vital para la población, en especial para los más pobres y vulnerables, se debe decir que la mayoría del país pertenece al 60% de la población que presentan ingresos por familia inferiores a $554.822 (Registro Social de Hogares, marzo 2020). El COVID-19 obliga al movimiento social organizado a recrear sus formas de movilización, poniendo al centro como corresponde el cuidado integral de la población, pero evidenciando la incapacidad del paradigma neoliberal de responder satisfactoriamente al cuidado integral de la población y los abusos que se extreman desde el mercado y la negligencia clasista del Gobierno.
Los hogares, como principales unidades de convivencia, siempre han sido un espacio en disputa, pero dado el asilamiento prolongado y la influencia desmedida y unilateral de los medios de comunicación, con contenidos sesgados y poco críticos de las medidas adoptadas por la actual administración, acentúa la disputa política e ideológica que se debe ejercer en las redes sociales, siendo clave visibilizar las injusticias que dañan la convivencia.
Así, esta pandemia interrumpe la trayectoria y formas de lucha social que ha hegemonizado y prevalecido en la sociedad chilena desde el 18 de octubre, pero del mismo modo ilustra sobre el carácter justo de las exigencias que fundamentan la movilización. No se debe olvidar que una de las principales urgencias que relevan los chilenos y chilenas para dotarnos de una nueva Constitución, ratificado en múltiples encuestas y en la Consulta Ciudadana de los 146 municipios, es la mala evaluación de lasalud como resultado de un lucro que daña a la población, y la exigencia social que sea un derecho social garantizado en la Carta Magna y en las políticas públicas. El contagio por COVID-19 hace más patente la desigualdad extrema en el acceso a salud.
Por otra parte, la mayoría de los chilenos y chilenas rechaza los abusos y el abordaje de la pandemia, que desde el Gobierno se expresa claramente al no tomar medidas para congelar los precios, no congelar el pago de servicios básicos, en la no exigibilidad a los empleadores de implementos de seguridad y salud en el trabajo, en la desprotección frente al empleo y pérdida de salarios; y la más odiosa desigualdad, que obliga al desplazamiento de millones de trabajadores que no pueden laborar desde sus hogares, exponiéndose a diario al riesgo de contagio. Una cuarentena obligada solo para comunas exclusivas refleja clasismo desvergonzado.
Lo central, es que las medidas implementadas en materia salarial, incluido el dictamen de la Dirección de Trabajo que permite el descuento de remuneraciones, hacen recaer el peso de los costos de esta pandemia en los trabajadores y trabajadoras y no en los que más tienen, las grandes empresas y los ricos. Además, se agravan los resultados por la manipulación y contrabando ideológico del Gobierno que concentra sus esfuerzos en legislar el teletrabajo, propiciando una agenda neoliberal ya fracasada.
En todo esto, el movimiento social tiene un inmenso desafío levantando con urgencia un Plan Nacional de Emergencia Integral, que se anteponga a la lectura meramente economicista del Gobierno y del sector empresarial, poniendo al centro el bienestar social de carácter multidimensional, desplegando estrategias y medidas que protejan por igual a toda la población, especialmente en salud, ingresos y en derechos laborales.
2-En segundo lugar se debe hacer notar que en la postrimería de la pandemia, muy probablemente, la tensión se ubicará en las proyecciones y alcances de las medidas impulsadas por la administración Piñera y los empresarios, con su esfuerzo por resituar una agenda neoliberal, versus retomar a plenitud la agenda transformadora del país. Esa contradicción se expresará en una transformación democrática integral, en contrapunto a la agudización de las políticas neoliberales, modelo que solo puede sostenerse sobre la acumulación progresiva de capital. La pérdida de salarios durante la pandemia así lo expresa en el presente.
De esta manera, esta crisis sanitaria y sus graves consecuencias económicas y sociales, pone en perspectiva una nueva era de luchas y demandas sociales, que debe ser entendida como el preludio de una crisis civilizatoria de carácter sistémico: en salud, medio ambiente, desigualdades económicas y sociales y sistema político democrático.
Por ello, esta pandemia también interpela y apresura el debate político y síntesis de mayorías sociales y políticas que con urgencia se orienten a una nueva gobernanza nacional, que tenga como norte un nuevo modelo de desarrollo nacional, como forma de distribución justa de las riquezas y los crecientes riesgos ambientales y sociales; superando las desigualdades y asimetrías cronificadas y las emergentes, con capacidad creciente para el desarrollo y productividad con valor agregado nacional y regional, relevando la necesidad de una política de integración latinoamericana para enfrentar problemas y conflictos de naturaleza global. En síntesis, una visión de desarrollo contraria al capitalismo salvaje que sólo puede empeorar la realidad de los territorios.
La sociedad europea, tras las dos guerras mundiales, edificó un presente de prosperidad y bienestar sobre la base de una reconstrucción que se fundó en más Estado e institucionalidad pública. Esta pandemia obliga a nuestro país a caracterizar en la nueva Constitución un Estado democrático orientado al bienestar y los derechos sociales, siendo una medida necesaria la nacionalización de empresas claves para el desarrollo del país.
A todas luces un ideario que colisiona con el Gobierno del Presidente Piñera y el enfoque neoliberal de sus políticas, que están al margen de la historia.
Por último, el COVID-19 deja al desnudo de manera vivencial y política el discurso falaz de los empresarios, el Gobierno y la derecha. Sus actos de constricción y arrepentimiento durante el inicio del estallido social: “esto no lo vimos venir”, suenan a palabras vacías y reflejan que no han aprendido nada de nada, siendo su interés perpetuar sus privilegios.
Afortunadamente, Chile despertó.